Por Carolina Gainza, Subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

Los desafíos de nuestro tiempo son diferentes a los que enfrentaron quienes nos precedieron. Sabemos que, habiendo ingresado al siglo XXI, el tránsito hacia una sociedad justa y democrática, ya no solo implica apuntar a mecanismos que mejoren la distribución del ingreso y reduzcan la desigualdad económica, como fuera la preocupación predominante en el siglo anterior. Por el contrario, ahora debemos poner foco en aspectos que para otras generaciones no revestían mayor relevancia, como la igualdad sexo-genérica, étnica y territorial, o la necesidad de enfrentar procesos de transición socio-ecológica y energética presididos por criterios de justicia social.

Para decirlo en pocas palabras: la tarea de movernos hacia un nuevo modelo de
desarrollo, que esté basado en la generación de conocimientos, la ciencia y la tecnología,
que se funde en producir más valor agregado (público, social y productivo) y menos
depredación medioambiental, se requiere que la investigación y desarrollo (I+D) ocupe un
lugar de privilegio en los procesos económicos, culturales y productivos.

Lo complejo es que la I+D exige que se asuman ciertos riesgos. La curiosidad y la
creatividad, el aprendizaje que surge después de un fracaso, el descubrimiento por ensayo
y error, deben ser no solo reconocidos, sino valorados como parte esencial e irrenunciable
en la producción de conocimiento.

En este contexto, es importante mirar con atención los resultados de la última encuesta
realizada por nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI).
En dicha medición se constata que, pese a un leve descenso en los últimos dos años, sigue
siendo el Estado el que más recursos invierte en I+D. La medición indica que empresas,
instituciones privadas sin fines de lucro y de educación superior, registraron variaciones
positivas en el último tiempo, pero no logran superar la inversión estatal.

Si se amplía la mirada, la misma encuesta evidencia que la inversión en I+D en Chile se
mantiene en un 0,34% del PIB y no ha habido mayores variaciones. Por eso nos alegramos
con el crecimiento que tendremos como ministerio del 5% en el presupuesto para 2023.
Si nos comparamos con países similares, vemos que en aquellos que presentan un gasto
en I+D menor al 1% del PIB, la participación del Estado en su financiamiento supera al que
brinda el mundo privado; por el contrario, los países donde la inversión es mayor al 1% del
PIB, es el privado quien aporta mayores recursos a la I+D.

En cuanto a las fuentes de financiamiento, la encuesta evidencia que en 2020 se vio un
aumento en la inversión en I+D por parte de las empresas ($20.545 millones, 9,6%),
instituciones de educación superior ($14.366 millones, 12,8%) e instituciones privadas sin
fines de lucro ($1.392 millones, 10,5%). El Estado, en tanto, tuvo una caída por segundo
año consecutivo, financiando $27.743 millones menos en el año 2020 respecto al 2019,
equivalente a una caída del 8,9%. Esto no obsta, sin embargo, que sea el que más aporta a
esta función.

En los análisis que hemos hecho, y que consideran la trayectoria de desarrollo de los
ecosistemas de CTCI de otros países OCDE, apreciamos que las economías que han
invertido más desde el Estado, luego de un tiempo presentan un incremento de la
inversión de los privados. En otras palabras, ese impulso inicial consigue apalancar la
inversión del sector privado, dado que entrega certezas al ecosistema de CTCI y define
misiones que permiten concentrar la I+D en áreas prioritarias de desarrollo.
Otro dato que arroja esta encuesta, es que el número de personas que se dedican a I+D
tuvo una pequeña caída del 0,5%, lo que equivale a una disminución de 16.422 a 16.348.
En el lado positivo, se observa que 290 personas más investigan en una jornada laboral
completa (3%) y que existe un aumento del 6,4% en el personal que cuenta con doctorado
(263 personas más), con un especial aumento de mujeres (8,1%).

Si se considera género, hubo una evolución desfavorable. Del total de mujeres que investigan con jornada completa, se vio una caída de 171 personas, que es equivalente a un 2.6% menos. Además, las mujeres pasaron a representar de un 40,1% a un 39,2% del total de profesionales dedicadas a esta área.

Con esta información a la vista, comprendemos que el principal desafío es avanzar hacia un cambio cultural que nos permita entender la producción de conocimiento como una inversión y no como un gasto. Recientemente, la subcomisión mixta de Presupuesto aprobó por unanimidad y solo para el Ministerio de CTCI, un aumento del 5% respecto a lo que se entregó a nuestra cartera para 2022, lo que apunta precisamente en esa dirección.
Esto representa 25 mil millones de pesos para el año 2023. Se trata de un incremento histórico que respalda la posición de este Gobierno en cuanto a esta materia, a saber, que la producción de conocimiento es el pilar fundamental para un desarrollo sustentable.

Las cifras mencionadas son parte de la “Encuesta sobre gasto y personal en Investigación y Desarrollo”, que cada año realiza la Oficina de Estudios y Estadísticas de nuestro Ministerio y que se puede revisar en la Plataforma Observa de la Oficina de Estudios y Estadísticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación:
https://observa.minciencia.gob.cl