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Recientemente nos hemos enterado de dos malas noticias que, en planos aparentemente muy diferentes, guardan relación con una misma problemática de fondo, referida al progresivo desgaste y creciente necesidad de dar un nuevo impulso a las estrategias e instituciones responsables de fomentar el desarrollo productivo y la innovación en el país.
La primera de ellas se refiere a la publicación del Índice de Innovación Global (GII) de 2020, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Chile aparece este año en la posición global 54, cayendo en este ranking por cuarto año consecutivo, y acumulando un retroceso de 13 posiciones desde la posición 41 que ocupaba en 2016. Si bien seguimos siendo el país latinoamericano mejor posicionado, México y Costa Rica en las posiciones 55 y 56 respectivamente, amenazan con pasar adelante si no somos capaces de revertir las causas de este continuo retroceso, preocupante por sus implicancias en las perspectivas de desempeño económico de nuestra economía.
Las causas de este magro desempeño tienen que ver con fragmentación y bajo nivel de colaboración entre universidades y empresas, más una débil cultura y conductas innovadoras en la mayoría de las empresas nacionales. Es cierto que el contexto inducido por la actual pandemia nos ha dado luces de que la interacción público-privada y académico-empresarial en materia de innovación en nuestro país es posible, las claves parecen estar en fortalecer la conexión y colaboración entre los actores de nuestro ecosistema innovador. Señales que deben inspirar una nueva generación de políticas de fomento a la innovación, y al desarrollo de condiciones habilitantes para la misma.
Una segunda mala noticia ha sido la decisión anunciada por Corfo de poner fin a los Comités Regionales de Desarrollo Productivo, que a nivel piloto, fueron constituidos durante la anterior administración en las regiones de Antofagasta, Biobío y Los Ríos, como un modelo de descentralización progresiva y parcial de la labor de Corfo, en consonancia con la Ley de Competencias de los Gobiernos Regionales. Se pueden argumentar diversos aspectos a mejorar en su desempeño, lo cual es bastante plausible tratándose de experiencias piloto, sin embargo, llama la atención que la decisión, en lugar de proponer mejoras en su diseño y operación, sea suprimirlos, asumiendo un retroceso en términos de cobertura y pertinencia de la labor de Corfo en diferentes realidades territoriales, lo cual también pareciera ser una condición muy necesaria en el desafiante contexto que enfrentarán las economías regionales en los meses y años venideros.
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